Aprobada en el Congreso de los Diputados la futura ley sobre derecho a una muerte digna.
Entre las acusaciones acumuladas en los últimos días, reproches del PP a que la propuesta del gobierno no haya tenido en cuenta el Informe sobre la eutanasia realizado por el Comité Nacional de Bioética.
No todos los comités de ética son iguales
- La regulación del Comité Nacional de Bioética (CNB) indica que se trata de un órgano absolutamente independiente de cualquier gobierno. Sin embargo, la propuesta y designación de sus doce miembros está en origen vinculada a la autoridad. La mitad de sus componentes es propuesta por distintos ministerios, y la otra mitad por las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Son personalidades de impresionante curriculum, pero hay un sesgo, una cierto hilo relacional.
- El CNB se renueva por mitades cada dos años para un mandato de cuatro.
- Aunque las incompatibilidades son rigurosas, es inevitable pensar en la afinidad ideológica. Seguro que todos sus integrantes aman y son expertos en la bioética, defienden los derechos humanos y el valor del debate y los acuerdos… pero cada uno lleva en su interior, también de modo inevitable, un modo de interpretar la realidad.
- La última vez que se renovó parte del CNB fue en 2018, cuando la ministra de Sanidad era Dolors Monserrat (PP).
Qué transmite el informe del CNB
Las 74 páginas del informe comienzan colocando en contexto la situación: la complejidad de la cuestión que se debate, la incidencia de la pandemia, el envejecimiento de la población y el sistema de cuidados.
Pero al difundirlo a través de los medios de comunicación el CNB es muy consciente de que la premura y la falta de formación dirigen a los periodistas hacia las Conclusiones, que se suponen bien resumidas. De hecho, la nota de prensa que se envía a los medios es un resumen de ese resumen que suponen tales conclusiones. Son conclusiones sesgadas.
En la Nota de Prensa
- Considera el CNB que la unanimidad de sus miembros al asumir este informe es buena muestra de la capacidad integradora del análisis ético que propone. Unanimidad no equivale a consenso ni presupone distintas opiniones.
- Rechaza la compasión como argumento para evitar que pensemos en casos concretos de auxilio para morir, pero alude a las personas fallecidas por la COVID-19 en residencias como ejemplo de personas que han fallecido sin dignidad. Es una manipulación brutal.
- Indica la necesidad de regular la sedación terminal en los cuidados paliativos, presentándola como una alternativa a la nueva ley. La regulación de la sedación terminal existe y ha sido incluida ya en la normativa de algunas autonomías (Galicia o, la más reciente, Madrid). Es falso que no exista esa opción.
En las Conclusiones el informe hace suyo el argumento de un diputado comunista (sin citarlo)
El CNB utiliza como gran argumento la barbaridad que a su entender supone tomar la decisión de morir bajo criterios de utilidad social y económica, obviando que la ley apoya sobre cualquier otro valor el de la autonomía del paciente para decidir sobre su propio espacio vital.
El párrafo en el que se apoya el CNB para argumentar esos criterios está tomado literalmente, sin decirlo, de una cita textual de Antonio Filipe, diputado del Partido Comunista de Portugal, en el debate sobre la legalización de la eutanasia hace dos años en el país vecino. En las conclusiones no se cita al autor, y en el desarrollo del informe, donde sí es citado, se saca esa intervención fuera de contexto.
A la izquierda de la foto, la página 31 del Informe del CNB, con comillas y en cursiva:
“En un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.
A la derecha de la foto, la página 74, segundo párrafo de las Conclusiones:
Por otro lado, la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas.
La otra historia... Lo que pasó en Portugal
Fue en mayo de 2018 cuando el proyecto de ley, que propuso la alianza de izquierdas en el gobierno, fue tumbado en el parlamento de Portugal, y en ese caso resultó decisivo el voto en contra de uno de los socios de gobierno, el Partido Comunista, que tenía 15 diputados. Finalmente, hubo 115 votos en contra y 110 a favor. Lo curioso es que, del profundo e interesante debate parlamentario, en su informe el CNB solamente destaque el argumento de Filipe.
También es curioso que la cita a Portugal quede en el intento fallido de hace dos años y medio. Las posteriores elecciones, como ha ocurrido en España, han cambiado la composición parlamentaria, y la nueva ley obtuvo el pasado mes de febrero el primer visto bueno en Portugal, donde está pendiente entre otras cuestiones del dictamen del Tribunal Constitucional.


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